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Los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa desaceleraron el avance de la investigación de la cuestionada “póliza de la impunidad y de la vergüenza”.
Mediante esta póliza, que se pretende pagar con recursos públicos, se busca proteger de demandas al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles y los altos jerarcas de su Gabinete.
Durante las últimas 3 semanas los congresistas de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público pospusieron la investigación de este cuestionado caso.
La presidenta de la comisión, la liberacionista Dinorah Barquero Barquero, explicó que la investigación de este caso se detuvo debido a que los legisladores tuvieron que dedicarse al conocimiento de los informes de la investigación del Caso Diamante.
También, Barquero admitió que otro de los motivos fue la falta de quórum en la comisión.
La diputada Barquero precisó que hasta este momento la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público tiene en lista al menos 3 audiencias para avanzar con la investigación de la póliza. Entre las audiencias pendientes están las del ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jáen; la del procurador general de la República, Iván Vicenti Rojas y el representante de la corredora de seguros One Global, Ricardo Retana.
La diputada y presidenta de la Comisión no se aventuró a decir una fecha para cuando se concluirá la investigación y se presentará el informe ante el plenario legislativo. Argumentó que a partir de la semana entrante se podrían convocar sesiones extraordinarias para avanzar con la investigación.
Semanas atrás en la Comisión el vicepresidente de la República, Stephan Brunner Neibig, admitió que él fue quien propuso al Gabinete esta contratación, la cual representaría en primera instancia un gasto de ¢248, 3 millones.
La cuestiona “póliza de la vergüenza e impunidad” fue revelada por crhoy.com desde el 25 de octubre. Desde ese momento y hasta la fecha, el presidente Chaves ha evitado referirse a los cuestionamientos generalizados en contra de esta contratación que se quiere hacer con recursos públicos.
La millonaria contratación fue frenada por el Poder Ejecutivo tras los cuestionamientos generalizados de los sectores políticos de que se intente pagar con recursos públicos.
Por esta póliza el presidente Chaves y el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, enfrentan una investigación judicial en la Fiscalía General por el aparente delito de abuso de autoridad.
La póliza para Chaves y su Gabinete, además, fue denunciada ante la Contraloría General de la República y la Procuraduría de la Ética Pública (PEP).
Recientemente, el jurista y exfiscal general de la República, Francisco Dall’Anese Ruiz, aseguró que la cuestionada póliza es “un indicio claro de la penetración en el Gobierno” de grupos criminales y relacionados al narcotráfico.
El exfiscal coincidió con los detractores de esta póliza de que esta contratación es ilegal. Seguidamente, añadió que es motivo de alarma que en esta póliza se incluyera la cobertura para procesos de extradición, esto justo en momentos en que se aprobó en el Congreso una reforma constitucional para la extradición de personas señaladas por vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado.
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Carlos Mora
